Alquilar una vivienda en Argentina dejó de ser solamente un gasto mensual para convertirse en un factor de riesgo económico. Así lo refleja la última Encuesta Nacional Inquilina, elaborada por la Federación de Inquilinos Nacional sobre 808 hogares de 16 provincias, que advierte un deterioro sostenido de las condiciones de vida de quienes alquilan y marca un récord en varios indicadores de vulnerabilidad.

El dato más alarmante señala que el 29,7% de los hogares inquilinos se encuentra en una situación de emergencia habitacional, una condición que combina alquileres excesivos en relación con los ingresos, endeudamiento, atrasos en los pagos y, en muchos casos, mudanzas forzadas por no poder afrontar los costos de la vivienda.

La presión económica se refleja directamente en el bolsillo. La encuesta indica que el alquiler representa, en promedio, el 40% del salario, aunque casi la mitad de los inquilinos destina el 50% o más de sus ingresos únicamente a pagar la vivienda. El alquiler mediano alcanzó los $656.500, un incremento que, según el informe, superó ampliamente la inflación acumulada durante los últimos seis meses.

Las consecuencias ya son visibles. Uno de cada cinco hogares tuvo que abandonar la vivienda porque no pudo seguir pagando el alquiler, el porcentaje más alto registrado desde que comenzó la medición trimestral. La problemática no distingue regiones y evidencia un fenómeno que se extiende en todo el país.

El endeudamiento también alcanzó su nivel más alto. El 72,9% de los hogares tiene deudas activas, y más de la mitad de quienes recurrieron al crédito lo hicieron para comprar alimentos. Además, un 37% se endeudó para pagar el alquiler y dos de cada tres utilizaron tarjetas de crédito para refinanciar obligaciones anteriores, profundizando un círculo financiero cada vez más difícil de romper.

El estudio también derriba la idea de que el problema afecta únicamente a quienes tienen empleos informales. El 68% de los encuestados posee trabajo registrado, pero aun así no logra afrontar el costo de la vivienda sin dificultades. En paralelo, el 47% declaró tener dos o más trabajos, un porcentaje que continúa creciendo en cada edición del relevamiento como estrategia para sostener el alquiler.

Las familias numerosas aparecen entre las más perjudicadas. Mientras los ingresos del hogar prácticamente se estancan a partir de dos integrantes, el costo del alquiler continúa aumentando debido a la necesidad de viviendas más amplias. Como resultado, el ingreso disponible por persona se reduce drásticamente después de pagar el alquiler.

En cuanto a las condiciones contractuales, el informe muestra que el 78% de los contratos se actualiza cada tres o cuatro meses, principalmente mediante el índice de inflación. Solo una pequeña proporción mantiene aumentos anuales, mientras que casi el 6% alquila sin contrato escrito, una situación que deja a esos inquilinos sin protección legal.

Frente a este escenario, la encuesta también recogió la opinión de los inquilinos sobre una eventual regulación del mercado. El 96% rechazó los aumentos atados exclusivamente a la inflación, el 57% pidió actualizaciones anuales, el 84% reclamó contratos de al menos tres años y el 85% consideró que las expensas extraordinarias no deberían recaer sobre quienes alquilan.

La comparación con las mediciones realizadas desde diciembre de 2025 muestra un panorama sin mejoras: aumentaron los alquileres, crecieron las mudanzas forzadas, se incrementó el endeudamiento y cada vez más personas debieron sumar un segundo empleo para llegar a fin de mes.

Para la Federación de Inquilinos Nacional, la conclusión es contundente: el precio del alquiler avanza más rápido que los ingresos de los hogares y genera una cadena de consecuencias que incluye endeudamiento, sobrecarga laboral y pérdida de acceso a una vivienda estable, configurando una crisis habitacional que, lejos de atenuarse, continúa profundizándose.